“El personal técnico se han ido a verificar cuál es el área que están afectando. En el área ya están los profesionales, y se están reuniendo con todos los estamentos pertinentes, se tienen programadas reuniones incluso con las rondas campesinas”, expresó el gerente, se tomarán todas las previsiones del caso, afirmó.

El gerente afirmó que se encuentran en continua conversación y coordinación con la dirección regional de energía y minas para tomar las medidas pertinentes. “nosotros siempre estamos ahí atentos a cualquier tipo de trabajo ilegal. Durante el fin de semana estaremos viajando para darle soporte al personal que ya se encuentra allá”, expresó.

Con respecto al estado de emergencia que se encuentra vigente en relación a la presencia de trabajos de minería ilegal, dijo: “esperemos también que este estado de emergencia se amplíe un poco más para nosotros también tomar las medidas necesarias y legales para poder actuar inmediatamente”.

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Ortiz estuvo como participante en el debate interinstitucional Minería ilegal, informal y formal: impactos, desafíos y oportunidades para el desarrollo sostenible, que se ha dado en las instalaciones de la sede Cajamarca de la Universidad Privada del Norte. Participaron también otras personalidades ligadas al medioambiente en la región.

Dentro de las medidas que se deben implementar para hacer frente a esta actividad delincuencial, Ortiz propuso: “se debería depurar el Reinfo y dar un plazo final. Solamente el 21% de toda la población de pequeña minería y minería artesanal está registrada y hay un 79 a 80 por ciento que lo usa como una excusa para poder operar”.

“La minería ilegal lo que trae es destrucción del medio ambiente, trae delincuencia y, sobre todo, trae contaminación del medio ambiente” explicó Ortiz dentro del marco del evento académico. Hay poblaciones ya que están contaminadas en Madre de Dios, por decir, la población, más del 75% de la población adulta está contaminada con niveles de mercurio, culminó.

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Representantes del CI Agua de la Universidad Nacional de Cajamarca, la oficina local del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental, y el Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico del Perú, estuvieron en el auditorio de la universidad privada, intercambiando conocimientos con los estudiantes universitarios que se dieron cita en el recinto.

Dentro de los temas que se han tocado, han sido los referidos impactos ambientales de la minería ilegal e informal y se han propuesto estrategias de mitigación pueden implementarse para reducirlos. El evento ha tenido el objetivo de analizar y debatir las implicancias ambientales de la minería ilegal, informal y formal, identificando sus diferencias, desafíos y alternativas de solución.

“La actividad tiene como finalidad promover el análisis crítico y el intercambio de ideas sobre los impactos ambientales generados por la minería ilegal, informal y formal”, se ha mencionado desde la organización. El actual proceso de formalización minera en el Perú ha sido tratado también en el debate interinstitucional.

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Montero enfatizó que el proceso de formalización minera culminará el 31 de diciembre del 2025 sin objeciones para su ampliación; recalcó que el Gobierno no cederá a ningún tipo de presión y serán mediadores del diálogo entre los titulares deconcesiones mineras y pequeños empresarios mineros que sí desean formalizarse.

“El proceso de formalización minera culmina el 31 diciembre del 2025, y no debería haber ninguna razón para intentar prorrogarlo. El Ejecutivo tiene la firme decisión de que no prosiga y culmine de la mejor manera posible en atención a todos los pequeños mineros, mineros artesanales y pequeños empresarios que han manifestado la voluntad de formalizarse para ejercer la actividad”, expresó el ministro.

Al ser consultado de que el actual contexto coincide con un periodo electoral, donde la minería ilegal cobrado protagonismo como tema de agenda política, Montero precisó que el Ejecutivono permitirá ningún tipo de presión para invalidar el proceso y que no cederá ante presiones irregulares.

“Sabemos que el Reinfo también es utilizado para malas prácticas, por lo tanto, queda acelerar el proceso de formalización después de una depuración del registro, así asegurarnos que estos mineros de la pequeña minería y minería artesanal que realmente están interesados en la formalización, puedan culminar su proceso de formalización el 31 de diciembre del 2025”, expresó a través de Red de Comunicación Regional (RCR).

Indicó además que el nuevo decreto supremo a implementarse esta semana definirá los requisitos específicos, incluidas las salvaguardas para quienes no han cumplido con obligaciones como declaraciones semestrales o instrumentos de gestión ambiental. Además, se implementará una resolución ministerial que habilita al Estado como mediador en la negociación de contratos entre titulares de concesiones y pequeños mineros, añadió.

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Los mineros ilegales —dijo César Ipenza, abogado especialista en temas ambientales— tienen una bancada multipartidaria en el Congreso. Se trata de un grupo de congresistas que defienden esta actividad ilícita e impulsan normas que la favorecen.

Tienen también influencias en el gobierno de Dina Boluarte, que recientemente convirtió el fracasado Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) en un documento hereditario, amplió su vigencia hasta diciembre de este año y trabaja una nueva Ley para la Pequeña Minería y Minería Artesanal (Ley MAPE), que, según el Observatorio de Minería Ilegal (OMI), podría convertirse en una extensión del Reinfo.

No solo eso. Muchos mineros ilegales e informales, según recientes investigaciones, son militantes de partidos como Alianza Para el Progreso (APP), cuyo militante y presidente del Congreso, Eduardo Salhuana, fue defensor de mineros ilegales, así como de Somos Perú, Podemos Perú, Camino Diferente, Bicentenario La Libertad, entre otros.

Según un estudio de diciembre del año pasado de IPSOS para el Colectivo PAS, 7 de cada 10 peruanos creen que los recursos de esta actividad ilícita financiarán la próxima campaña electoral, mientras el 82 % denuncia su influencia en el Congreso y los Gobiernos regionales.

Para los encuestados, la minería ilegal es un poder paralelo: el 81 % la asocia al lavado de dinero, al crimen organizado (77 %), a la trata de personas (76 %) y al contrabando (75 %).Asimismo, el 63 % teme que el país termine controlado por sus mafias. Lima y el oriente del país son las zonas donde más se percibe esta infiltración, con redes que compran silencios e impunidad, mientras que el 76 % de los encuestados asegura que esta actividad incrementó la inseguridad en sus regiones y financia a redes de sicariato, extorsiones o corrupción.

Esta información del estudio, sumada a los últimos hechos de violencia, como el secuestro y ejecución de 13 personas en Pataz, La Libertad, constituye una advertencia de que la minería ilegal no es solo un problema ambiental y de inseguridad, sino una amenaza para la democracia.

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Se trata de Juan Gallardo Cabrejos, natural de El Tingo que estaría trabajando en una de las explotaciones ilegales que lamentablemente abundan en la zona. Él cayó en una poza, y falleció ahogado. Hasta la zona llegaron representantes de la policía nacional, quienes aseguraron la zona para evitar el paso de transeúntes.

Posteriormente llegaron representantes del ministerio público para iniciar los trámites del levantamiento del cadáver, ante el pedido de la población por tener información clara del fallecimiento del poblador de 62 años que trabajaba como guardián de la zona donde se estaba explotando el mineral de manera ilegal.

Las investigaciones tomarán un tiempo prolongado, y ninguna de ellas traerá la paz que necesita la familia de Gallardo. Se ha alertado a las autoridades correspondientes acerca de esta modalidad de minería en El Tingo, pero al parecer poco han podido hacer para detenerla. Una cosa es clara: la minería ilegal solo trae muerte

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Ludeña informó que la mesa de trabajo estaría conformada por representantes de: gerencia de Desarrollo Económico, de Desarrollo Social, Asesoría Jurídica, Medio Ambiente, RENAMA, Acondicionamiento Territorial, Fiscalía Especializada en materia ambiental, las municipalidades, las rondas campesinas, entre otras. De acuerdo con el plan se establecerán 3 grupos de trabajo para la zona norte, centro y sur de la región.

Entre las funciones de la mesa destaca la elaboración de un plan de acción estratégica para intervenir en las zonas de minería ilegal, promover la formalización y proteger el medio ambiente; con previo análisis y diagnóstico de las zonas donde se desarrolla minería ilegal.

Todo el trabajo estará liderado por la Dirección Regional de Energía y Minas, con asistencia técnica y legal, para darle mejor funcionalidad se trabajará en tres frentes de trabajo, en la zona norte para las provincias de San Ignacio, Jaén y Cutervo; en la zona centro estarán Hualgayoc, Cajamarca y Celendín y en la zona sur están las provincias de Cajabamba, San Marcos, explica Ludeña Pereyra.

La fecha para la apertura de la mesa de trabajo depende de la agenda de las autoridades, pero no debe pasar de la tercera semana de agosto, refiere Percy Ludeña; “nuestra propuesta es lucha frontal contra la minería ilegal, estamos participando de inspecciones con el equipo del área técnica y legal, de acuerdo a nuestras competencias”, “de evidenciar actividades ilegales, se corre traslado a las instituciones que corresponde”, puntualizó.

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“Parece que no se quiere ver el problema (de la minería ilegal), ha mencionado el especialista dentro del marco del Segundo foro de Sostenibilidad que ha organizado la Cámara de comercio y producción de Cajamarca. Lo peor es que “cualquier silencio es cómplice” ha agregado Scerpella. “Es como si tuvieras tu casa en desorden y la dejes en ese estado y nadie dice nada”, dijo.

Se ha hecho silencio sobre un tema muy delicado “que trae consigo otros fenómenos dañinos, como prostitución, delincuencia y trata de personas y sobre todo de criminalidad organizada”, ha mencionado el especialista. Temas que deben ser tratados pero lo que se ha encontrado en cambio es silencio. “Y el silencio también suena” ha dicho el ponente en el foro para graficar la pasividad de los entes aludidos.

Scerpella detalló que la primera institución responsable de garantizar y en la promoción de los derechos humanos es el estado, “Y el estado no ha dicho nada”, esto en referencia a las acciones suscitadas en mineras como La Poderosa, en Trujillo en donde la presencia de la minería ilegal ha causado afectación a los derechos humanos, citó.

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